Conocimiento e Ingeniería de España

El presidente de CÍES participó ayer en el IX Congreso nacional de ingeniería civil del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en una animada mesa redonda del Observatorio de la inversión de la obra pública brillantemente introducida y conducida por Fernando Pedrazo Majarrez subdirector general de proyectos y obras de carreteras del MITMS y acompañando a Pedro Fernández Alén, presidente de Confederación Nacional de la Construcción, Joan Franco, presidente de TECNIBERIA, María Luisa Domínguez, directora de planes y proyectos estratégicos del ADIF y Aniceto Zaragoza, director general de Oficemen.

En su intervención, propuso colaborar con las Administraciones Públicas para mejorar los procesos de licitación y compra de servicios de ingeniería, orientando su contratación al principio del resultado de la ejecución contrato y su pago a la honesta equivalencia entre las partes. Dotar de mayor valor a los servicios de ingeniería garantizará certeza en el ciclo de vida de las infraestructuras, mitigará las desviaciones presupuestarias y mejorará la calidad en el empleo de miles de ingenieros.

Madrid, 21 de febrero de 2024

Mesa redonda. Calidad en el empleo.
Observatorio de la inversión en obra pública.

Intervención de Ignacio Sánchez de Mora y Andrés
Presidente de CÍES

La perspectiva desde el sector de la ingeniería de consulta.
Queridos compañeros:
Quería agradecer la amable invitación de nuestro presidente, Miguel Ángel Carrillo Suárez y felicitar al Comité Organizador del IX Congreso Nacional de Ingeniería Civil por tan extraordinario programa y capacidad de convocatoria.
La Federación de asociaciones de empresas de Conocimiento e Ingeniería de ESpaña, CÍES, que tengo el honor de presidir, está integrada por ocho asociaciones territoriales que representan a 158 empresas que cuentan con 12500 empleados. Eminentemente son PYMES que se dedican al mercado nacional, autonómico y local.
Es indudable que nuestra profesión es una de las más bellas y útiles para la sociedad que existen pero actualmente adolece de valor económico y de atractivo entre los jóvenes (nótese que el nº de egresados en España en 2017 era de 1121 y en 2022 fue de 428).
La actividad de los ingenieros de caminos, canales y puertos que se dedican a trabajar para el sector público, la gran mayoría de los colegiados, queda enmarcada fundamentalmente en dos leyes: la de Presupuestos, que va muy bien en los últimos tres ejercicios y para la que se divisa al menos otro trienio inversor, y la de Contratos del Sector Público que está llena de buenos propósitos: obras y servicios de gran calidad, transparencia, acceso de las PYMES… pero que, después de cinco años y 36 modificaciones parciales, se muestra fallida en su implementación, al ser en la práctica: lenta, abuso de encargos a medios propios, rígida, subastas, bajas… y de facto un corsé burocrático para los Órganos de Contratación y para los contratistas.
Paralelamente, aspiramos a la sociedad del conocimiento si bien, a la luz de los anuncios de licitación de los Boletines Oficiales, no la queremos pagar. Podríamos decir que hay numerosos “creyentes” en la calidad pero muy pocos “practicantes” que doten a los contratos del valor necesario. Paradójicamente, y a pesar de los pesares, continuamos ocupando posiciones avanzadas en los rankings mundiales de ingenierías, empresas constructoras y sociedades concesionarias.
La solución debería pasar indefectiblemente por equiparar los honorarios de licitación con los de los países más avanzados de la Unión Europea y acabar, además, con la paradoja nacional de las tres escalas de precios base de licitación: estatal, autonómica y local, de tal manera que mismos servicios se liciten con los mismos precios. El organismo regulador de la competencia en España, la CNMC, observa indicios colusorios por doquier, mientras que Alemania e Italia publican honorarios de referencia sobre los que el mercado privado ofertará libremente.
Los contratos adolecen de valor y por consiguiente las empresas no pueden ofrecer a sus ingenieros un plan de carrera, acometer la obligada reconversión del sector que supone la transformación a la modelización digital, innovar, ni, en definitiva, retener el talento.
Otro aspecto clave sería posicionar a la ingeniería de consulta como un servicio clave a lo largo ciclo de vida de la infraestructura, desde su concepción y diseño hasta su desmantelamiento. Mitigar los riesgos de construcción a través de un excelente proyecto debería ser un objetivo primordial en la contratación pública. Debería primar el principio de la buena ejecución del contrato y no la “liturgia” de la adjudicación del mismo. En base a dicha filosofía, resultaría provechoso explorar mecanismos legales para premiar a las compañías cuyos proyectos no generan desviaciones durante la ejecución de las obras y su posterior explotación.
En definitiva, nos falta coherencia y consistencia entre lo que pretendemos y las acciones que llevamos a cabo. Con más valor podríamos exportar más ingeniería en vez de ingenieros que estamos formando para la diáspora del conocimiento.
Quiero ser optimista pero el sector de la ingeniería de consulta, que es estratégico para España ya que prescribe nuestra tecnología e innovación, está enfermo, con dos síntomas claros:

  1. Son numerosas las empresas de ingeniería que se han vendido a capital extranjero.
  2. Las Escuelas Técnicas no cubren plazas a pesar de que no hay notas de corte.
    Una vez realizado el análisis anterior, me gustaría trasladar ocho propuestas de mejora que desde CÍES estimamos que originarían unos efectos muy positivos en la robustez de las consultoras de ingeniería y por consiguiente en su fuerza laboral, debe recordarse que al menos el 70% de la estructura de costes de una empresas de ingeniería es personal.
  3. Implementación generalizada de los honorarios propuestos por la Dirección General del Agua del MITERD con unos rendimientos y dedicaciones realistas en función de la experiencia contractual acumulada por los Órganos de Contratación.
  4. Pagar los servicios realmente prestados según el principio de honesta equivalencia entre las partes. La Ley de CSP habilita en su Disposición Adicional 33ª la posibilidad de abonar trabajos inicialmente no previstos y sin embargo muy frecuentes como la redacción de proyectos modificados, prórrogas en la construcción…
  5. Adjudicar por calidad. La ley actual permite para los servicios intelectuales que no solicitar si quiera oferta económica. Establecimiento de umbrales de saciedad admitidos por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y recogidos vía Real Decreto por la Comunidad Autónoma de Extremadura.
  6. Equiparar los plazos de encargos a los Medios Propios al procedimiento abierto, limitando así drásticamente el abuso del autoabastecimiento y propiciando la generación de riqueza.
  7. Promulgar una nueva Ley de Contratos del Sector Público según el texto realizado por el grupo de trabajo del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
  8. Potenciar las fórmulas de colaboración pública privada, dados los niveles de endeudamiento del sector público y su limitada capacidad futura de inversión.
  9. Estudiar y analizar impuestos de naturaleza finalista afectos a las infraestructuras como garantía de su conservación y su seguridad.
  10. Modular la oferta de egresados. Ponderar el número de Escuelas de ICCP necesarias en España y en, cualquier caso, potenciar la formación dual Universidad-empresa.
    Muchas gracias por su atención.

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